Ganfeng Lithium ha iniciado un arbitraje contra el gobierno de AMLO tras cancelación de nueve concesiones para la extracción de litio. Reflejando la tensión entre los intereses económicos y la política de nacionalización de litio impulsada por la administración de Andrés Manuel López Obrador.
Ganfeng Lithium Group, junto con sus subsidiarias Bacanora Lithium Limited y Sonora Lithium, presentó una reclamación de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial. La empresa busca compensación por los daños derivados de la cancelación de concesiones mineras que, según Ganfeng, violan tratados bilaterales de inversión entre China y México, así como Reino Unido y México. La demanda también incluye la solicitud de intereses y costos de arbitraje relevantes.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha declarado que el reclamo de Ganfeng “no aplica” y reafirmó que el litio es un recurso nacional. Durante la mañanera de este jueves 27 de junio, López Obrador subrayó que el Estado mexicano defenderá su derecho en paneles internacionales y que cualquier participación privada en la explotación del litio debe realizarse en asociación con el gobierno, preservando el interés nacional. A pesar de las concesiones otorgadas en sexenios anteriores, el mandatario señaló que estas no especificaban claramente la extracción de litio.
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El siguiente paso en este litigio internacional es la constitución del tribunal que llevará el caso, donde ambas partes presentarán sus argumentos en fases escritas y orales. Ganfeng y sus subsidiarias buscan anular la resolución de la Secretaría de Economía que confirmó la cancelación de las concesiones. Además, la administración mexicana se prepara para defender su posición, argumentando que las concesiones otorgadas anteriormente no estaban destinadas específicamente al litio.
El conflicto entre Ganfeng Lithium y el gobierno de México subraya la complejidad de equilibrar los intereses nacionales y las inversiones extranjeras en recursos estratégicos. Este caso marcará un precedente importante en la política de nacionalización de recursos y en la relación de México con inversionistas extranjeros.