El viernes 22 de marzo se dio a conocer que 41 personas se encontraban secuestradas en Culiacán, causando preocupación en la población. Por la noche, el cielo de la ciudad se iluminó con el constante trajín de helicópteros en busca de las víctimas.
La mañana trajo consigo un intenso operativo en la capital del estado. A pesar de la tensión en el ambiente, la vida cotidiana continuó, aunque marcada por la incertidumbre. El gobernador Rubén Rocha Moya confirmó la llegada de dos batallones de fuerzas especiales y 300 elementos de la Guardia Nacional, dispuestos a actuar con toda la fuerza necesaria para dar con el paradero de los secuestrados.
Ante la gravedad de la situación, se anunció el despliegue de 900 elementos de fuerzas especiales y de la Guardia Nacional para reforzar la búsqueda de las personas privadas de su libertad. Los helicópteros de las fuerzas armadas sobrevuelan la ciudad en un esfuerzo por recabar cualquier indicio que pueda llevar al paradero de los secuestrados.
Las autoridades hicieron un llamado a la calma, aunque reconocieron la gravedad de la situación. El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gerardo Mérida Sánchez, destacó el compromiso de las fuerzas del orden para esclarecer lo sucedido y llevar a los responsables ante la justicia. Sin embargo, los desafíos son evidentes.
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El secuestro masivo en Culiacán ha puesto en alerta a toda la sociedad. La respuesta de las autoridades, aunque rápida, enfrenta el desafío de desentrañar un entramado delictivo que ha sembrado el miedo y la inseguridad en la región. Mientras tanto, la esperanza de encontrar con vida a los secuestrados sigue latente, aunque en medio de un panorama sombrío.