Las Elecciones 2024 han generado preocupación debido al alarmante aumento de la violencia política en México. Coparmex revela datos críticos sobre los riesgos que enfrentan los candidatos en 12 estados del país.
Coparmex expone que los incidentes de violencia política han aumentado en un 26% desde el último proceso electoral, siendo el más alto registrado hasta la fecha. Las cifras de violencia contra candidatos y políticos del país en este proceso electoral convierten estas elecciones en las de mayor número de hechos violentos. Este acto ha alarmado al sector privado, dijo el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora.
“Se identifican solo 12 entidades del país donde se considera que hay riesgo para la seguridad de los candidatos y 17 municipios que tienen riesgo por estas causas”.
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Según Coparmex, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Morelos, Tlaxcala, Puebla y Chiapas. Estos estados presentan un mayor peligro real para la seguridad de los aspirantes a cargos políticos, demandando medidas urgentes de protección.
Entre el primero de enero y el 27 de mayo de 2024 se registraron 116 incidentes de violencia política, 26% más de lo registrado en el 2021. Del total de incidentes, 55% fue contra precandidatos, candidatos y familiares de ellos.
Coparmex hace un llamado a los gobiernos de todos los niveles para garantizar la seguridad de los ciudadanos en las casillas y evitar cualquier interferencia que pueda comprometer la democracia.
Medina Mora, presidente de Coparmex, añadió que “al dimensionarlo, la percepción es que solo son 17 municipios donde se ve el riesgo y con la comunicación con las autoridades electorales tenemos la confianza de que será una jornada en paz…con la gran cantidad de elementos de seguridad que estarán cuidando las elecciones”.
Las Elecciones 2024 se enfrentan a un desafío sin precedentes en términos de seguridad y violencia política. Es crucial que se tomen medidas inmediatas para proteger la integridad de los procesos electorales y asegurar la participación democrática de todos los ciudadanos.