El bar “El Perro Salado”, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, fue desalojado el pasado 14 de junio por las autoridades capitalinas. Dentro del establecimiento había aproximadamente 500 personas, en su mayoría menores de edad, consumiendo bebidas alcohólicas. Este operativo generó gran revuelo y plantea importantes preguntas sobre la seguridad y la supervisión en los bares de la ciudad.
El desalojo del bar se debió, según el periodista Pablo Castorena, a un reporte de intoxicación de varios jóvenes. Además, se mencionó que el operativo respondió a un sobrecupo en el lugar. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y el Instituto de Verificación Administrativa (Invea), llevó a cabo la operación. Los encargados del bar intentaron impedir el ingreso de las autoridades, pero los policías lograron entrar y desalojar a los presentes, aunque con dificultad debido al sobrecupo.
Este no es el primer incidente relacionado con “El Perro Salado”. En septiembre de 2022, el bar fue clausurado por vender alcohol a menores de edad. La entonces alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, encabezó un operativo que resultó en la clausura del bar y de otros dos establecimientos por diversas irregularidades, incluyendo la venta de cerveza en envases de vidrio sin alimentos, exceder el aforo permitido y la falta de medidas de seguridad. A pesar de estas acciones, “El Perro Salado” reabrió violando los sellos de clausura.
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Durante el desalojo, la presencia de tantos jóvenes y el intento de los encargados del bar de impedir la entrada complicaron la operación. Muchos jóvenes salieron del lugar entre empujones, y algunos resultaron intoxicados por consumo de alcohol. Tras el desalojo, las autoridades colocaron sellos de suspensión de actividades. Además, se encontraron a ocho mujeres, siete de ellas menores de edad, que no podían salir del establecimiento. Una de ellas presentaba indicios de intoxicación etílica y recibió atención médica. Las menores fueron entregadas al DIF capitalino, que se encargó de acompañarlas a sus domicilios.
El desalojo de “El Perro Salado” resalta la necesidad de una mayor supervisión y cumplimiento de las regulaciones en los establecimientos de la Ciudad de México. Las autoridades continuarán implementando operativos para asegurar la seguridad y el bienestar de los jóvenes en la capital.