El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La propuesta, presentada en febrero pasado, busca reestructurar diversas áreas del Poder Judicial, y fue respaldada por 359 votos a favor, provenientes de las bancadas de Morena, PT y PVEM, mientras que 135 diputados, principalmente del PRI, PAN y MC, votaron en contra. Esta decisión se produjo tras un debate intenso de más de 12 horas, en medio de protestas y acusaciones por parte de la oposición. Quienes señalaron la reforma como una medida de represalia contra el Poder Judicial.
El proceso de discusión fue complejo y estuvo marcado por interrupciones, desacuerdos y manifestaciones. La sesión, que comenzó a las 16:00 horas, se extendió hasta la madrugada. En total, se presentaron 610 reservas al dictamen, lo que alargó la sesión hasta las 4:20 de la mañana. La votación final mostró un claro respaldo por parte de los partidos aliados al gobierno federal, mientras que la oposición denunció irregularidades tanto en el contenido de la reforma como en el procedimiento legislativo.
Diputados del PAN, como Elías Lixa, denunciaron la ilegalidad de la sesión, argumentando que la sede fue cambiada sin su consentimiento debido a las protestas que bloqueaban los accesos al recinto original. Pese a las mociones de suspender la sesión, la mayoría oficialista decidió continuar con la votación, generando más tensiones en el pleno.
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Los legisladores de Morena y sus aliados defendieron la reforma como un cambio necesario para erradicar la corrupción en el sistema judicial, señalando que las estructuras actuales han sido influenciadas por gobiernos neoliberales y grupos de poder que buscan mantener sus privilegios. Diputados como Mary Carmen Bernal, del PT, criticaron la lentitud y el elitismo del sistema judicial, mientras que Claudia Rivera, de Morena, aseguró que el proyecto respetará los derechos laborales y compromisos internacionales.
Por otro lado, la oposición presentó fuertes críticas. Diputados como Germán Martínez Cázares (PAN) y Juan Zavala (MC). Argumentaron que la reforma era una venganza política del presidente López Obrador contra un Poder Judicial que no sucumbió a sus presiones. También advirtieron sobre el riesgo de politizar la justicia, especialmente en lo referente a la elección popular de jueces y ministros. Una medida que, según Yerico Abramo Masso (PRI), carece de fundamento y podría ser un gasto excesivo e innecesario.