El Senado de la República aprobó una reforma energética que devuelve el carácter público a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), limitando el papel de las empresas privadas en el sector energético nacional. Esta iniciativa, aprobada el 17 de octubre de 2024, contó con 86 votos a favor, 39 en contra y una abstención, alcanzando la mayoría calificada requerida. Entre quienes votaron en contra se destacó el Senador Enrique Vargas, del Partido Acción Nacional (PAN), quien argumentó que la reforma afectará negativamente la inversión privada y la competitividad del país.
Enrique Vargas, senador del PAN, sostuvo que la reforma no garantiza una energía suficiente, limpia ni económica. Señaló que el país atraviesa una situación financiera precaria, y que la inversión privada está en su nivel más bajo en una década. Argumentó que esta reforma desincentiva la inversión extranjera y dificulta el crecimiento económico al no ofrecer condiciones adecuadas para las empresas privadas, principales generadoras de empleos en México.
Por su parte, Imelda Sanmiguel Sánchez, también del PAN, calificó la medida como una “regresión” que compromete el futuro financiero de México, al considerar que la CFE y Pemex no tienen los recursos suficientes para asegurar la soberanía energética sin apoyo del sector privado. Otros senadores opositores, como Clemente Castañeda de Movimiento Ciudadano, también criticaron la reforma, destacando que no contempla la transición a energías limpias, lo que contraviene los objetivos ambientales del país.
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Desde la bancada de Morena, la Senadora Laura Itzel Castillo defendió la reforma como un paso hacia la recuperación de la soberanía energética, subrayando que busca revertir los efectos de la reforma de 2013 que, en su opinión, dejó a Pemex y la CFE endeudados y dependientes de intereses económicos externos. Castillo Juárez destacó que el concepto de “empresas públicas del Estado” en la nueva legislación permite a ambas empresas cumplir con su responsabilidad social, asegurando energía accesible para toda la población.
El Senador Alberto Anaya del Partido del Trabajo (PT) también respaldó la enmienda, asegurando que esta mantiene la puerta abierta para la colaboración privada, pero bajo la supervisión y control del Estado mexicano. Para Anaya, esta medida no excluye el capital extranjero, sino que asegura que el Estado controle sectores estratégicos, esenciales para el desarrollo nacional.
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La reforma modifica los Artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, eliminando el concepto de “empresas productivas del Estado” y restableciendo a Pemex y CFE como “empresas públicas del Estado”, con el mandato de garantizar electricidad e internet accesibles para todos los mexicanos. Según el comunicado oficial del Senado, el cambio busca asegurar que las funciones de estas empresas no se consideren monopolios, sino una respuesta a la obligación estatal de proporcionar servicios estratégicos y accesibles a la ciudadanía.
Para Mely Romero del PRI, la reforma representa una carga económica para Pemex y CFE, instituciones que, en su opinión, no tienen los recursos para subsistir sin apoyo privado. Asimismo, el Senador Castañeda de Movimiento Ciudadano insistió en que esta reforma es “regresiva” al obstaculizar la adopción de energías limpias, lo cual considera crucial para el bienestar de futuras generaciones.
Vargas y otros miembros del PAN sostienen que la aprobación de esta reforma pone en riesgo la competitividad y crecimiento económico, pues limita el papel de la iniciativa privada, esencial en otros países para la generación de energías limpias y baratas. En su intervención, Vargas criticó la falta de inversión en infraestructura energética, como el proyecto de Dos Bocas, que aún no ha producido gasolina pese a su inauguración.