Durante la mañanera de este martes, el subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, destacó la intervención de jueces que han beneficiado a presuntos delincuentes, incluyendo al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte.
Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, gobernó de 2010 a 2016. Fue detenido en 2017 en Guatemala por cargos de corrupción y malversación de fondos. En 2019, fue sentenciado a nueve años de prisión tras declararse culpable de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Su caso es emblemático de la corrupción en la política mexicana y ha generado un significativo debate sobre la impunidad y la justicia en el país.
Durante la conferencia, Luis Rodríguez Bucio expuso que tres magistrados del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito otorgaron a Duarte una suspensión provisional. Este amparo le protege de ser detenido por cualquier nueva orden de aprehensión, sin importar el delito. Esto implica que Duarte, aunque deba comparecer ante un juez de control, no podrá ser arrestado. Lo que genera preocupación sobre la efectividad del sistema judicial en México.
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Además del caso de Duarte, Rodríguez Bucio mencionó a la jueza Sandra Leticia Robledo Magaña, quien otorgó un amparo a Edgar Omar “N”, presunto secuestrador de la banda “Los Chiquitines”. Este amparo ordena la revisión de la prisión preventiva del acusado, aunque las autoridades sostienen que es un riesgo para la investigación y las víctimas. Estos ejemplos resaltan la controversia sobre las decisiones judiciales que parecen favorecer a delincuentes, cuestionando la integridad y la imparcialidad del poder judicial.
La exposición de jueces por parte del gobierno de AMLO subraya una preocupación sobre la corrupción y la impunidad en el sistema judicial mexicano. Estos casos evidencian la necesidad de revisar y reforzar las políticas judiciales para garantizar que se haga justicia sin favoritismos ni influencias indebidas.