La Fiscalía General de la República (FGR) enfrenta un revés judicial significativo en el caso del Viaducto Bicentenario. Un juez del Estado de México determinó no vincular a proceso a siete personas implicadas, incluidos empresarios y exfuncionarios del gobierno estatal. ¿Cuáles son los detalles de este fallo y qué implicaciones tiene? Aquí lo comentamos.
El juez Daniel Ramírez Peña, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, tomó la decisión de no vincular a proceso a los siete acusados por falta de elementos suficientes. Esto incluye a prominentes figuras como José Andrés de Oteyza Fernández, ex presidente del Consejo de Administración de OHL, y Ernesto Javier Nemer Álvarez, exsecretario de Gobierno del Estado de México.
La Fiscalía General de la República (FGR) reaccionó vehementemente contra la decisión del juez, acusándolo de prejuzgar antes de conocer las pruebas. La fiscalía también informó que iniciará acciones legales contra el juez por presuntas irregularidades en su actuación.
La FGR sostiene que la concesión del Viaducto Bicentenario fue ilegal y permitió un saqueo significativo de recursos públicos. Se destaca la presunta explotación ilegal de un bien de la nación, con un particular beneficiándose en gran medida. Este caso arroja luz sobre posibles irregularidades en la gestión pública y el sistema de concesiones en México.
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El revés judicial en el caso del Viaducto Bicentenario pone de relieve las tensiones entre la FGR y el poder judicial, así como las complejidades de la lucha contra la corrupción en México.