La Fiscalía General del Estado de Querétaro está enfrentando críticas tras solicitar tres años de prisión para una niña de 14 años que sufrió un aborto espontáneo. Además, la Fiscalía pide una reparación de daños de más de 500 mil pesos para el “padre del producto”, a pesar de que el embarazo fue resultado de una violación. Este caso ha encendido el debate sobre la penalización del aborto en Querétaro, en un contexto donde el aborto ha sido despenalizado en otros estados de México.
La menor, cuyo embarazo fue resultado de una violación, sufrió un aborto espontáneo en el municipio de Huimilpan. Según la organización Adax Digitales, que brinda apoyo a la niña, ella no era consciente de su embarazo hasta que ocurrió el aborto, momento en que fue atendida por servicios de emergencia debido a una hemorragia severa. Las autoridades iniciaron una carpeta de investigación tras el informe del personal médico, acusando a la menor de homicidio.
En la audiencia intermedia, la Fiscalía solicitó tres años de prisión en un centro de reinserción para adolescentes y una reparación del daño de 518 mil pesos para el agresor, el “padre del producto”. Mayra Dávila, presidenta de Adax Digitales, ha denunciado que el proceso es revictimizante para la menor, ya que se le está responsabilizando de un aborto que ocurrió de manera espontánea y bajo circunstancias traumáticas.
Organizaciones civiles y defensores de derechos humanos han expresado su indignación por este caso. La presidenta de Adax Digitales, Mayra Dávila, señaló que la medida de arraigo domiciliario que pesa sobre la niña continúa vigente mientras se espera la audiencia de juicio. Dávila también criticó la falta de exclusión de pruebas revictimizantes en el proceso judicial.
A nivel nacional, la situación ha generado eco en figuras políticas y sociales. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó la criminalización de la niña en Querétaro y señaló que no se debe responsabilizar a las víctimas de abuso sexual por las consecuencias de un embarazo no deseado, mucho menos cuando se trata de un aborto espontáneo.
El fiscal general del estado, Víctor Antonio de Jesús Hernández, ha defendido la apertura de la investigación al señalar que se trata de la muerte de un “producto” con más de 36 semanas de gestación, por lo que la Fiscalía lo considera un homicidio. Sin embargo, esta postura ha sido ampliamente criticada, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dictaminado que los estados no pueden criminalizar a las mujeres por el delito de aborto.
A pesar de este fallo, Querétaro sigue siendo uno de los estados en los que se inician carpetas de investigación por aborto. Según los datos proporcionados por Adax Digitales, ya se han abierto siete investigaciones similares, lo que contraviene las decisiones de la SCJN. Este caso pone de manifiesto la persistente criminalización de las mujeres en situaciones de vulnerabilidad, especialmente en contextos de violencia sexual.