Un juez federal ordenó la suspensión provisional de la reforma judicial, que contempla la elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de México mediante voto popular. Esta medida afecta al INE, pues ya había iniciado el proceso para el proceso electoral programados para el 2025.
La suspensión fue otorgada debido a que varios jueces federales interpusieron amparos contra la reforma, alegando que vulnera la independencia del Poder Judicial. Entre las principales preocupaciones está la posible intromisión del Poder Ejecutivo en la selección de jueces y magistrados. A pesar de la falta de presupuesto etiquetado, el INE había iniciado el proceso electoral debido a la exigencia de la reforma, que fue promulgada por AMLO. Sin embargo, la resolución judicial obliga al INE a pausar cualquier avance hasta que se emita una sentencia definitiva sobre la constitucionalidad de la reforma.
El INE ha respetado las decisiones judiciales y ha pausado temporalmente el proceso electoral. No obstante, existe un debate interno sobre los costos y el impacto de la reforma, ya que no se ha asignado un presupuesto específico para organizar este proceso electoral. Asimismo, varios trabajadores del Poder Judicial están en paro desde agosto, protestando contra la reforma. La situación genera incertidumbre sobre si el proceso podrá retomarse a tiempo para las elecciones del 2025.
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La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) ha sido una de las principales opositoras a la reforma judicial. Sostienen que la elección popular de jueces pone en riesgo la imparcialidad y la carrera judicial, ya que abre la puerta a la intervención de actores políticos y grupos de interés. Además, la JUFED ha hecho un llamado a suspender las actividades judiciales hasta que se resuelva el futuro de la reforma en instancias jurisdiccionales. Esta postura ha sido respaldada por organismos internacionales, que advierten sobre las posibles repercusiones para el Estado de derecho en México.
La suspensión de la reforma judicial representa un desafío significativo para el INE. A medida que el proceso avanza en los tribunales, la incertidumbre sobre el futuro de la reforma y las elecciones de jueces y magistrados persiste. Mientras tanto, el debate continúa sobre cómo asegurar la independencia judicial en el país.