El pasado 2 de septiembre, el Gobierno de la CDMX oficializó un decreto que modifica el artículo 3 de la constitución local y ha generado incertidumbre sobre lo que pasará con la propiedad privada. La reforma ha llevado a interpretaciones sobre la capacidad del Estado para expropiar inmuebles con mayor facilidad.
La modificación al artículo 3 de la Constitución de la CDMX establece que la propiedad privada se respetará “en los mismos términos que el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. Previamente, la Constitución local mencionaba el respeto explícito a la propiedad privada como un principio rector. Ahora, con esta reforma, se alinean las disposiciones locales con la Constitución Federal, lo que, según algunos, podría facilitar la expropiación de inmuebles por parte del Estado, siempre y cuando se justifique bajo causas de utilidad pública y con una indemnización adecuada.
La principal preocupación de los ciudadanos radica en la posibilidad de que el Estado expropie propiedades privadas con mayor facilidad. Según el artículo 27 de la Constitución Federal, el Estado tiene el derecho de imponer las modalidades que dicte el interés público a la propiedad privada y regular su uso en beneficio social. Aunque esto no es nuevo, la eliminación del respeto explícito a la propiedad privada en la Constitución local ha suscitado dudas sobre la seguridad jurídica de los inmuebles en la capital.
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El jefe de Gobierno de la CDMX, Martí Batres, y otros funcionarios han afirmado que la reforma no pone en riesgo la propiedad privada, sino que busca armonizar las leyes locales con las federales. Sin embargo, la eliminación del término “respeto a la propiedad privada” ha sido vista como un paso que podría facilitar la intervención estatal en propiedades privadas, especialmente en situaciones donde se prioricen los intereses públicos.
La reforma al artículo 3 de la Constitución de la CDMX ha causado incertidumbre entre los ciudadanos, quienes temen por la seguridad de sus propiedades. Aunque las autoridades aseguran que no hay riesgos, la modificación plantea dudas sobre cómo se protegerá la propiedad privada en la capital en el futuro.