En una votación apretada, el Senado de la República aprobó este miércoles una reforma a la Ley de Amparo. La cual limita la facultad de los jueces para suspender leyes y obras públicas de forma provisional o definitiva.
La iniciativa, impulsada por Morena y sus aliados, busca evitar lo que consideran un “abuso” de las suspensiones por parte del Poder Judicial. Mientras que la oposición la califica como un atentado contra el derecho a la justicia y una medida para blindar las megaobras del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La reforma elimina del artículo 129 de la Ley de Amparo la posibilidad de que los jueces concedan suspensiones provisionales o definitivas con efectos generales en casos de amparos contra leyes expedidas por el Congreso de la Unión o legislaturas estatales. Esto significa que los jueces ya no podrán detener la aplicación de una ley o la ejecución de una obra pública mientras se resuelve el fondo del amparo.
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Los defensores de la reforma argumentan que es necesaria para garantizar el principio de separación de poderes y evitar que el Poder Judicial se inmiscuya en las funciones del Poder Legislativo. Además, señalan que las suspensiones de leyes y obras públicas han generado incertidumbre jurídica y han frenado proyectos de interés público.
Los opositores a la reforma consideran que es una regresión en materia de derechos humanos y que limita el acceso de la ciudadanía a la justicia. Argumentan que las suspensiones son una herramienta necesaria para proteger los derechos de las personas frente a leyes o actos de gobierno inconstitucionales. Además, acusan al gobierno de querer blindar sus proyectos con esta reforma.
La reforma a la Ley de Amparo aún debe ser aprobada por la Cámara de Diputados antes de entrar en vigor. De ser aprobada en su totalidad, esta medida podría tener un impacto significativo en el sistema de justicia mexicano. En especial en la capacidad de las personas para defender sus derechos.