Por unanimidad, el Tribunal Colegiado del Poder Judicial de la Federación ordenó a la Secretaría de Salud de Chihuahua ofrecer servicios de aborto voluntario hasta la semana 12.6 de gestación. A partir del 27 de mayo, todas las personas que necesiten este servicio en Chihuahua podrán acceder a él sin restricciones.
La resolución del Tribunal Colegiado reconoce que las autoridades de Chihuahua estaban violando los derechos reproductivos de mujeres cis, personas trans y no binarias al negar servicios de aborto voluntario. Esta negativa contraviene el artículo 4° constitucional, que protege el derecho humano a decidir, según la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La estrategia de amparos colectivos, que involucró a 373 personas de varios municipios, fue fundamental para lograr este avance.
Esta sentencia, resultado de una estrategia iniciada en 2021 por las organizaciones de organizaciones de Marea Verde Chihuahua, Red de Aborto Seguro Chihuahua, CHEROS, Morrxs Autonomxs y AbortistasMx, marca un momento importante en la lucha por los derechos reproductivos en México.
Con esta sentencia, Chihuahua se convierte en la entidad número 14 en México en garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en instituciones públicas. La Secretaría de Salud del estado está obligada a implementar y difundir estos servicios de inmediato. En caso de incumplimiento, las instituciones y sus directivos enfrentarán sanciones que pueden incluir multas y destituciones. Las organizaciones promotoras de los amparos piden a la población que verifique el acceso a estos servicios y reporten cualquier obstáculo. Para asegurarse que nadie sea criminalizado por ejercer su derecho a decidir.
LEER TAMBIÉN: Descubre los sabores de Toluca en su Feria Gastronómica 2024
La histórica sentencia del Tribunal Colegiado no solo representa un avance significativo para los derechos reproductivos en Chihuahua. Sino que también establece un precedente importante a nivel nacional. Estos servicios debe ser monitoreada de cerca para garantizar que todas las personas puedan ejercer su derecho a decidir sin obstáculos ni penalizaciones.